La reciente ronda de conversaciones (entre delegados de aproximadamente 180 países) sobre cambio climático en Bangkok, Tailandia, finalizó con marcadas divergencias acerca de un nuevo tratado global.  Los países en desarrollo se inclinan por una extensión del Protocolo de Kioto, mientras que los países desarrollados buscan un nuevo acuerdo.  Los países del Sur y los movimientos ambientales señalan que los países industrializados tienen una posición pasiva.  Esta será la tónica que pareciera prevalecer hasta la cumbre de Naciones Unidas en Copenhague, Dinamarca, en diciembre de 2009.

La meta es que surja un nuevo tratado mundial de lucha contra el calentamiento global que prosiga e intensifique los esfuerzos del Protocolo de Kioto, que expira en 2012.  La BBC de Londres destaca que “Los países en vías de desarrollo están frustados y es totalmente comprensible”, según Alden Meyer, de la ONG estadounidense Union of Concerned Scientists. El punto es que los países industrializados deben expresar su disposición en cuestión de financiación; de lo contrario, los especialistas en esta materia señalan que no habrá acuerdo. “Sobre la mesa están todos los ingredientes y lo que han de hacer es renunciar a sus propios intereses y dejar que prevalezca el interés común”, dijo Yvo de Boer,   responsable de la Secretaría del Cambio Climático de la ONU.

Kioto sólo obliga a 37 naciones industrializadas, pero no a Estados Unidos, a cumplir con los objetivos obligatorios de emisiones entre el 2008 y el 2012. El Senado estadounidense no ratificó el Protocolo de Kioto y es improbable que ratifique un nuevo acuerdo construido sobre los mismos principios. Los países en desarrollo insisten con el Protocolo de Kioto porque ya contempla las obligaciones de las naciones desarrolladas: recortar más emisiones de las actuales y proveer ayuda financiera a los países más pobres.

Las discusiones en Bangkok recordaron que el regreso de EUA a la negociación climática -tras años de inactividad- conlleva problemas como el formato del próximo acuerdo y el nivel de compromiso en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.  Por ello, el formato legal del propuesto tratado emergió como un asunto de relevancia. De Boer, de la ONU, afirma que hay tres alternativas “institucionales” en discusión: un documento completamente nuevo, una extensión del Protocolo de Kioto y una “serie de decisiones” tomadas en las conversaciones en Copenhague.

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de firmar un importante convenio de cooperación con el Gobierno de El Salvador, para brindar asesoría en la formulación de políticas públicas para enfrentar la crisis y para promover el desarrollo.

Lo más relevante de esta cooperación es el momento en que se hace y las áreas de trabajo acordadas. La cooperación de CEPAL tiene como objetivos apoyar al país en sus políticas anticrisis, dar asesoría en la formulación de una estrategia de desarrollo y el establecimiento de un diálogo social.

En este sentido y dada la extensión de la crisis global y el hecho histórico de producirse la primera alternabilidad en la Presidencia de la República de El Salvador después de los Acuerdos de Paz de 1992, hacen que ésta sea una misión de primer nivel.  Es decir, la CEPAL acompañará al Gobierno de El Salvador en las difíciles decisiones que éste va a tener que tomar próximamente.

La CEPAL seguramente tendrá a la Secretaría Técnica de la Presidencia como contraparte nacional y a los ministerios de línea para abordar los temas sectoriales correspondientes v.g. estrategia nacional de innovación, la inversión o la facilitación de comercio, los puertos o la infraestructura.

Lo que no queda claro es la manera en que la CEPAL contribuirá para que el diálogo social sea efectivo con los actores económicos, políticos y sociales del país. Ya que esta es una tarea nacional que probablemente caería en el campo de acción de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. No obstante y dado que no es claro si dicho convenio de cooperación incluyó los temas de  descentralización, ordenamiento territorial y desarrollo local, existe la interrogante acerca de la pertinencia y el éxito del diálogo que promoverá el Gobierno salvadoreño con la cooperación de la CEPAL.

Como toda transición, el Gobierno de El Salvador deberá definir e indicarle a la CEPAL qué políticas y programas van a continuar, cuáles no y los nuevos que implementarán, ya que para CEPAL el país tiene enormes desafíos, especialmente por el déficit fiscal, que alcanza un 5,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Todo ello hace suponer que ésta asesoría técnica demandará una contraparte nacional de alto perfil profesional y de alto rendimiento.

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De acuerdo al Banco Mundial, la región de América Latina y el Caribe es la más urbanizada del mundo en desarrollo; ya que más del 75% de sus habitantes vive en zonas urbanas, cifra comparable a la de las naciones industrializadas. Aproximadamente entre 20% y 25% de la población urbana de la región vive en tugurios atestados que cuentan con pocos servicios básicos, escasas alternativas de transporte y que son inseguros tanto para las personas como para las propiedades.

Se estima que el 60% de los pobres de América Latina (113 millones) viven en áreas urbanas. Abordar la pobreza urbana requiere respuestas a una serie de preguntas: ¿Hay distintos determinantes de la pobreza en áreas urbanas? ¿Son las privaciones que sufren distintas de las del campo? Y sobre todo, ¿Son los instrumentos para ayudar a los pobres distintos en áreas urbanas o rurales?

Cerca de un millón y medio de salvadoreños y salvadoreñas, viven en estos asentamientos urbanos precarios y vulnerables, una situación que ha venido a agravarse con la actual crisis económica mundial. Estos asentamientos representan  el 58% población salvadoreña que vive en situación de pobreza y el 26.9% de la población total del país.

El Salvador presenta un acelerado y desordenado crecimiento urbano, baja inversión social, baja tributación local, altos grados de exclusión y una alta vulnerabilidad a los desastres naturales. La precaria condición de un alto porcentaje de localidades y la falta de respuesta de numerosos gobiernos locales, hace imperativo la innovación en la gestión municipal para estar acorde con las circunstancias actuales.

Entornos económicos y políticos cambiantes, y una sociedad civil que se organiza para hacerle frente a sus problemas cotidianos, es la característica principal de la realidad nacional. En este marco, la cooperación público-privada es una de las respuestas para actuar de manera responsable y efectiva. Esta es una modalidad de trabajo que le ayudaría mucho a El Salvador para responderle a las presentes y presentes generaciones.

Poner en práctica el  enfoque del desarrollo sostenible conlleva a invertir en el capital social local y a fortalecer las capacidades de los actores públicos, sociales y privados. El desafío es volver al municipio más competitivo, transparente y corresponsable en la lucha contra pobreza a través de una mejor prestación de servicios básicos y la generación de oportunidades de negocios, inversiones y empleos a nivel local. Por otra parte y dado los efectos del cambio climático, se necesita generar una cultura de prevención ante los frecuentes eventos naturales tales como tormentas tropicales, inundaciones, sequías y deslizamientos.

En resumen, el medio ambiente urbano es una área de trabajo prioritaria para el país y todo pareciera indicar que estará dentro del programa de lucha contra la pobreza urbana.

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Ahora, el país enfrenta nuevos retos. El más importante es construir un entendimiento básico entre los distintos sectores de la vida nacional, para paliar los efectos de la recesión global y procurar la gobernabilidad democrática. La tarea principal es unificar al país.

Por ello, los próximos meses son una oportunidad para los institutos políticos (el principal partido de oposición es gobierno por primera vez, el actual partido de gobierno es oposición por segunda vez y los demás partidos también juegan roles diferentes). El nuevo presidente tiene una titánica labor: satisfacer las expectativas populares, fortalecer la institucionalidad democrática y concertar para enfrentar los problemas coyunturales y estructurales.

El tiempo apremia. El nuevo presidente está próximo a cumplir sus primeros cien días de gobierno y diferentes sectores le solicitan definición y priorización en materia de políticas públicas. Viene la aprobación legislativa del presupuesto 2010 y de préstamos externos para paliar la crisis económica y el desempleo. En este contexto, la sociedad civil y el círculo académico deberían promover una agenda nacional con cinco puntos cardinales: (1) Reforma del sistema político-electoral. (2) Empleo y crédito productivo. (3) Agua potable y saneamiento básico.(4) Desarrollo local y combate a la pobreza. (5) Seguridad ciudadana.

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El paradigma del capital social comprende al propio tejido social, las redes, los bienes socioemocionales, los valores afectivos, las instituciones y el poder. El capital  social es la solidaridad que una persona o un grupo siente por los demás. Se basa en relaciones de solidaridad que pueden describirse mediante el uso de redes humanas a nivel comunitario, municipal, nacional e internacional.

Una manera de apreciar la necesidad de potenciar el capital social local la proporcionan algunos funcionarios públicos, al transmitirle a la población salvadoreña un mensaje contradictorio “el gobierno tiene pocos recursos pero el Presidente va a cumplir sus promesas electorales”.  Lo delicado de esa afirmación es que, por un lado,  refuerza el centralismo y el presidencialismo, y por otro, debililita la descentralización y la localización.

A su vez, la apertura interna (localización) es un medio para que la ciudadanía y comunidades contribuyan activamente a solucionar sus problemas específicos.  Todos los sectores, niveles  y actores deben organizarse y sumar esfuerzos para salir adelante.  De no fomentarse la inversión en el capital social local (familia, escuela, comunidad y asociaciones), el gobierno nacional estará pronto en aprietos ante las crecientes demandas sociales.

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