De acuerdo al Banco Mundial, la región de América Latina y el Caribe es la más urbanizada del mundo en desarrollo; ya que más del 75% de sus habitantes vive en zonas urbanas, cifra comparable a la de las naciones industrializadas. Aproximadamente entre 20% y 25% de la población urbana de la región vive en tugurios atestados que cuentan con pocos servicios básicos, escasas alternativas de transporte y que son inseguros tanto para las personas como para las propiedades.

Se estima que el 60% de los pobres de América Latina (113 millones) viven en áreas urbanas. Abordar la pobreza urbana requiere respuestas a una serie de preguntas: ¿Hay distintos determinantes de la pobreza en áreas urbanas? ¿Son las privaciones que sufren distintas de las del campo? Y sobre todo, ¿Son los instrumentos para ayudar a los pobres distintos en áreas urbanas o rurales?

Cerca de un millón y medio de salvadoreños y salvadoreñas, viven en estos asentamientos urbanos precarios y vulnerables, una situación que ha venido a agravarse con la actual crisis económica mundial. Estos asentamientos representan  el 58% población salvadoreña que vive en situación de pobreza y el 26.9% de la población total del país.

El Salvador presenta un acelerado y desordenado crecimiento urbano, baja inversión social, baja tributación local, altos grados de exclusión y una alta vulnerabilidad a los desastres naturales. La precaria condición de un alto porcentaje de localidades y la falta de respuesta de numerosos gobiernos locales, hace imperativo la innovación en la gestión municipal para estar acorde con las circunstancias actuales.

Entornos económicos y políticos cambiantes, y una sociedad civil que se organiza para hacerle frente a sus problemas cotidianos, es la característica principal de la realidad nacional. En este marco, la cooperación público-privada es una de las respuestas para actuar de manera responsable y efectiva. Esta es una modalidad de trabajo que le ayudaría mucho a El Salvador para responderle a las presentes y presentes generaciones.

Poner en práctica el  enfoque del desarrollo sostenible conlleva a invertir en el capital social local y a fortalecer las capacidades de los actores públicos, sociales y privados. El desafío es volver al municipio más competitivo, transparente y corresponsable en la lucha contra pobreza a través de una mejor prestación de servicios básicos y la generación de oportunidades de negocios, inversiones y empleos a nivel local. Por otra parte y dado los efectos del cambio climático, se necesita generar una cultura de prevención ante los frecuentes eventos naturales tales como tormentas tropicales, inundaciones, sequías y deslizamientos.

En resumen, el medio ambiente urbano es una área de trabajo prioritaria para el país y todo pareciera indicar que estará dentro del programa de lucha contra la pobreza urbana.

Para leer un informe sobre exclusión urbana en El Salvador, favor de hacer aquí CLIC

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